Ante la situación de emergencia sanitaria decretada en nuestro país y el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio por la COVID19, la Asociación de Abogados de Tandil pone en conocimiento de todas/os las/los abogadas/os y las personas de esta ciudad, que se encuentra trabajando arduamente para mantener los servicios y beneficios de las/os profesionales en el libre ejercicio de la profesión y comunidad en general, buscando y reclamando que se garantice el funcionamiento pleno del servicio de justicia.
Entendemos que la situación en la cual nos encontramos viviendo, nos afecta directamente, y que por el momento solo se cuenta con algunos beneficios otorgados desde el Estado Nacional, como los informados para pequeñas y medianas empresas, o monotributistas de las categorías másbajas, u otros sectores, siendo insuficientes los mismos para la Abogacía en general. Asimismo,sabemos del gran perjuicio que produce ello en las/os jóvenes abogadas/os.
En la misma línea que el Colegio de Abogados Departamental y de la Provincia de Buenos Aires,apoyamos y ratificamos sus presentaciones al Máximo Tribunal (SCJBA) y al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual se solicita y exhorta a tomar todas las medidas necesarias para que se brinde el efectivo y continuo servicio de justicia y que se efectivicen medidas concretas en relación a la Abogacía que evite mayores perjuicios para las y los colegas, incluyendo dentro de las mismas que se arbitren en relación a la Agencia de Recaudación (ARBA) las devoluciones de saldos sobre Ingresos Brutos de los que resultan titulares abogadas y abogados, entre tantas otras respectivamente.
Que se sostenga y permita el ejercicio profesional de la Abogacía es fundamental, debiendo encuadrar dentro de las categorías esenciales, no tan solo para los profesionales de nuestra ciudad sino también para la sociedad en su conjunto, puesto que la Abogacía vela por la defensa y protección de los derechos, que hacen en definitiva a una convivencia social de paz y armonía; por ello consideramos que es de suma urgencia que el servicio de justicia sea garantizado con normalidad y en su totalidad, haciendo uso de los avances tecnológicos que ya se implementaron, permitiendo continuar el trabajo de las abogadas y abogados, como así también el de las/os Magistradas/os, Funcionarias/os y Empleadas/os del Poder Judicial, sin poner en riesgo la salud de ninguno.
Será asimismo una obligación de los profesionales del Derecho en estos nuevos tiempos hacer uso de estas nuevas herramientas y recursos a los efectos de garantizar el debido servicio de justicia y garantizar el libre ejercicio profesional de la Abogacía, entendiendo que en estos tiempos se requiere mayor compromiso y esfuerzo de todos y todas.